ANSE PIDE MAYORES SANCIONES POR EL ILEGAL FUNCIONAMIENTO DEL VERTEDERO DE BASURAS DE MINA REGENTE (CARTAGENA).
La Asociación ha presentado alegaciones a la propuesta de resolución del expediente sancionador seguido por la Consejería de Industria y Medio Ambiente contra Limpieza e Higiene de Cartagena, S.A., y Fomento de Construcciones y Contratas, por incumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente en el vertedero de Mina Regente (Cartagena), a partir de las denuncias interpuestas por ANSE y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil a finales de 2004 y comienzos de 2005.
ANSE y el SEPRONA habían denunciado a final de 2004 la admisión en la nueva planta, que aún no tenía autorización de funcionamiento, de todo tipo de residuos procedentes tanto de empresas particulares como de camiones de recogida de basuras urbanas, que eran vertidos directamente sin procedimientos previos de selección, ni controles de identificación de residuos, clasificación, separación, registro, procedencia, etc…Se denunció también el vertido de residuos no admisibles, como botes de pintura, bidones de aceite, neumáticos, enseres domiciliarios, así como tierras contaminadas por hidrocarburos procedentes de El Fangal (Escombreras).
Por si todo esto fuera poco, se denunció además la falta de documentos de control y gestión de los lixiviados (aguas contaminadas) generados, el pesado de los camiones por personal de la empresa Portmán Golf, S.A (propietaria de los terrenos), tan solo a efectos de posterior cobro de alquiler, y la falta de funcionamiento tanto de la Estación Depuradora de Aguas Residuales como de la Planta de Recuperación de Residuos.
La Comunidad Autónoma ha confirmado todos los aspectos denunciados por ANSE y SEPRONA. Así, indica que “se dan por probados los hechos descritos”, “estos hechos vienen a corroborar los ya denunciados en noviembre y diciembre de 2004, tanto por ANSE como por los Agentes del Seprona, comprobándose la actuación de la mercantil denunciada, de forma contraria a lo estipulado en la legislación sobre residuos así como contraviniendo las prescripciones impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental”.
Además, la Comunidad Autónoma reconoce la fuga de lixiviados fuera de la planta, y “comprueba que existen valores que están por encima o en el limite de los niveles autorizados para vertidos al alcantarillado, pudiéndose clasificar los citados lixiviados, tras la analítica practicada, como peligrosos”. La Concejala de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, María Dolores Soler, había asegurado en mayo que no existía fundamento en la denuncia ya que los lixiviados habían sido enviados a la depuradora del Mar Menor, que nunca debió de recibir estos residuos al calificarse de “peligrosos”, y verter esta sus aguas parcialmente depuradas frente a las costas de Cala Reona.
La Comunidad Autónoma propone en la resolución una infracción muy grave (18.000 €), dos graves (9.000 y 12.000 €) y una leve (600 €), y “considera aplicable la agravante de intencionalidad, puesto que el infractor conocía desde un primer momento sus obligaciones de contar con las autorizaciones pertinentes y de cumplir debidamente las condiciones impuestas en las mismas”. Sin embargo, ANSE considera que las sanciones propuestas deben aumentarse hasta su mayor cuantía.
La Asociación plantea entre otras situaciones agravantes, y además de que las empresas conocían perfectamente sus obligaciones, el fraude cometido con la ciudadanía, al no aprovechar la fracción orgánica de las basuras cuya separación en origen se viene pidiendo en numerosas campañas publicitarias, y la imposibilidad de recuperar parte de los residuos vertidos debido a la mezcla con otros como envases de pinturas, electrodomésticos y aguas residuales industriales.
El vertedero ha recibido durante un periodo de entre 1 y 2 años decenas de miles de toneladas de residuos procedentes de diferentes Municipios de la Comarca de Cartagena, que se han enterrado sin ningún tratamiento previo, disminuyendo de manera espectacular la vida útil del mismo, que podría estar muy próxima a su colmatación, a pesar de no contar siquiera con Acta de Puesta en Marcha, como reconoció el pasado viernes a ANSE el Director de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado. Los denunciados no han aportado en el expediente información alguna de la fecha de inicio de la actividad, ni ha sido solicitada por el órgano ambiental.
ANSE ha alegado que se consideren dos nuevas infracciones MUY GRAVES:
- Descarga en el medio ambiente de productos en estado sólido y líquido que entrañan un grave riesgo para los recursos naturales, y en cantidades y condiciones diferentes a las autorizadas.
- Negativa a facilitar los datos que le sean requeridos y la obstrucción a la labor inspectora de la Administración, como muestra la carencia de libro de registro con el control adecuado de los residuos recibidos, dejando dicho control en manos de un empleado de la empresa propietaria de los terrenos (Portmán Golf, S.A.).
ANSE opina, así mismo, que se ha producido un incumplimiento de la Normativa Comunitaria en materia de Tratamiento de Residuos, con el agravante de que las obras del nuevo vertedero y planta de tratamiento de basuras estaban financiadas en una proporción mayoritaria por fondos de la Unión Europea.
Aunque la propuesta de resolución indica igualmente que "con independencia de la sanción, el infractor debe reponer la situación alteradas por el mismo a su estado originario", ANSE asegura que la mezcla de decenas de miles toneladas de basuras hace imposible su tratamiento para obtener compost, lo que ha sido confirmado por el Director General de Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma. Es más, la Asociación cree que la Consejería de Medio Ambiente ha recibido ya de Lhicarsa el proyecto de sellado del vertedero, lo que no quiso ser confirmado ni negado por Antonio Alvarado en la reunión mantenida el pasado viernes.
El presidente de ANSE, Pedro García, lamenta la falta de seguimiento que esta denuncia está teniendo en representantes políticos y sociales, al considerar extremadamente grave lo ocurrido, e insiste en la necesidad de depurar responsabilidades tanto a nivel político como en las empresas concesionarias del servicio de basuras.
