ANSE PIDE AL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE UNA REUNIÓN URGENTE PARA BUSCAR SOLUCIONES A LA DESTRUCCIÓN DEL MAR MENOR Y SU ENTORNO

Cartagena, 23 de agosto de 2005



La Asociación de Naturalistas del Sureste ha remitido un escrito al Consejero de Industria y Medio Ambiente en la que pide la convocatoria de una reunión urgente entre las diferentes administraciones y sectores implicados en la conservación del Mar Menor para informar y buscar soluciones a los problemas que destruyen la mayor laguna litoral española y sus ecosistemas adyacentes.



ANSE recuerda que el Mar Menor carece aún hoy de ningún órgano de gestión ni de conservación que permita la participación de las administraciones, entidades sociales ni centros de investigación, a pesar de contar con 5 figuras de protección, cuatro de ellas internacionales: Zona de Especial Protección e Interés para el Mediterráneo (ZEPIM), Humedal de Importancia Internacional Ramsar, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y una de carácter regional: Espacio Natural Protegido (Ley de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia).



Aunque el Mar Menor está considerado, basándose en la legislación comunitaria, como Zona Sensible a la contaminación por aguas residuales de origen urbano, y el Campo de Cartagena Zona Vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrícola, la Administración Regional no ha informado nunca en el Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente (CARMA) de las medidas específicas llevadas a cabo para reducir la contaminación que recibe, por lo que la Asociación ha pedido igualmente al Consejero que informe en la próxima reunión del CARMA (06 de septiembre) sobre las medidas que ha tomado y piensa tomar al respecto de los diferentes problemas del Mar Menor y su entorno.



ANSE recuerda igualmente que el Consejero de Industria y Medio Ambiente, poco después de su toma de posesión, decidió poner fin al proyecto de Conservación de Áreas Costeras denominado CAMP del Mar Menor y su Área de Influencia, que fuera presentado poco antes por el Gobierno de la Comunidad Autónoma para la protección de este excepcional espacio natural, con el apoyo de Naciones Unidas, sin que hasta el momento se haya dado ninguna alternativa al mismo.



Entre tanto, este verano ha vuelto a someterse a información pública (por tercera vez en varios años) el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de los Espacios Abiertos, Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo, que permitiría la construcción de un campo de golf de 9 hoyos dentro del Espacio Protegido de Lo Poyo, y viviendas unifamiliares en el entorno agrícola del interior del Espacio Protegido de Marchamalo, alrededor de las Salinas.



La Asociación lamenta la indiferencia que a lo largo de los últimos años viene mostrando el gobierno de la Comunidad Autónoma con la situación del Mar Menor, y denuncia el visto bueno que la misma, a través de las diferentes consejerías, entre ellas la de Medio Ambiente, está dando a los nuevos desarrollos urbanísticos que se están ejecutando en los municipios de San Javier y Los Alcázares, y sobre todo a la urbanización de toda la planicie agrícola que se extiende al Sur del Mar Menor, entre El Algar y Mar de Cristal, dentro del Término Municipal de Cartagena, con más de 30.000 viviendas, 7 campos de golf y una población nueva de más de 100.000 habitantes.



ANSE hace un llamamiento a todas la formaciones políticas, medios de comunicación y opinión pública para, entre todos, poner freno al insostenible acoso a que se viene sometiendo el Mar Menor durante las últimas décadas, y aboga por una moratoria urbanística y la búsqueda de un acuerdo pactado sobre el modelo desarrollo y de conservación de la laguna y su entorno.



El presidente de ANSE, Pedro García, opina que "ha llegado el momento de apostar por la calidad y no la cantidad en el desarrollo del Mar Menor y su entorno, invirtiendo y priorizando en la conservación y recuperación de la naturaleza y los paisajes del Mar Menor como mejor apuesta de futuro, en lugar de continuar incrementando la presión humana sobre un espacio natural que ya ha demostrado en demasiadas ocasiones su fragilidad y graves problemas".

LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS LEGALIZA ALMACENES DE RESIDUOS DE TRADEMED DECLARÁNDOLOS DE “UTILIDAD PÚBLICA”

LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS LEGALIZA ALMACENES DE RESIDUOS DE TRADEMED DECLARÁNDOLOS DE “UTILIDAD PÚBLICA”



Cartagena, 25 de agosto de 2005



ANSE considera bochornosa la legalización de estas actuaciones, que ponen la puntilla a la desafortunada gestión que desde la Comunidad Autónoma viene realizándose de esta empresa, sancionada en varias ocasiones por incumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental.



La Asociación ha remitido el día de hoy un Recurso de Reposición contra la Orden del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, Joaquín Bascuñana, que “Autoriza la construcción en Suelo No Urbanizable de Ampliación de Plataforma Medioambiental (Trademed) en el Valle de Escombreras”, con carácter excepcional, y por considerarla de “interés público”. ANSE considera que esta declaración no es conforme a derecho, y legaliza “por la puerta de atrás” actuaciones ilegales que benefician a una empresa privada que negocia con residuos peligrosos.



Esta resolución pone fin a la petición realizada por Trademed en diciembre del 2.001 para la Ampliación de uso del suelo para las actuaciones de la Plataforma Medioambiental de referencia, pese a que de hecho ya había realizado la ampliación interesada sin contar con autorización administrativa y con grave incumplimiento de la normativa ambiental y urbanística, lo cual debió motivar la imposición de una sanción administrativa por parte de la administración.



ANSE recuerda que, en el desempeño de sus trabajos, Trademed ha venido incumpliendo de forma reiterada y manifiesta la normativa ambiental y urbanística poniendo en peligro la salud de los propios habitantes del Valle de Escombreras y de los mismos trabajadores, razón por la cual se ha visto sancionada administrativamente por la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia a partir de las denuncias formuladas por ANSE y el SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil).



En concreto, y según resulta de los procedimientos sancionadores tramitados y resueltos contra la misma iniciados por las denuncias formuladas por esta Asociación y donde han sido realizados Informes Técnicos por parte del SEPRONA y de los Técnicos de Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la mercantil de referencia incurrió en los siguientes comportamientos irregulares:



- Destrucción, mediante aterramiento con residuos sólidos inertes procedentes de la excavación del depósito de seguridad, de gran cantidad de especies de flora protegidas legalmente, entre las que destaca cornical (Periploca angustifolia), espino negro (Rhamnus lycioides), palmito (Chamaerops humilis) o chumberillo de lobo (Caralluma europaea) entre otras.

- Almacenamiento de residuos peligrosos a la intemperie, sin cubetos de contención, sobre suelo no impermeabilizado, con mezclas, pérdidas, derrames y falta correcta de identificación.

- Muchas de las sustancias de estos residuos peligrosos eran altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables en la cadena trófica (por ejemplo, metales pesados, plaguicidas organoclorados y otras sustancias organohalogenadas).

- Dada cuenta de la cantidad y enorme variedad de sustancias existentes entre estos residuos peligrosos (tanto líquidos como sólidos), se dieron con alta probabilidad fenómenos de sinergia y potenciación de la toxicidad de las mezclas respecto de las diversas sustancias por separado.



- La cantidad de estos residuos excedió de los 4 millones de Kg. (más de 4.000 Tm).

- La empresa incumplió los términos de su Autorización como gestor.

- Se depositaron residuos en terrenos que no estaban autorizados para este uso, teniendo la calificación de No Urbanizable de Protección Forestal, realizando de esta forma una ampliación ilegal de las instalaciones.

- No contó nunca con Evaluación de Impacto Ambiental para las obras de ampliación del almacenamiento de residuos.

- Nunca ha señalizado adecuadamente las instalaciones, así como los residuos almacenados en las mismas.



TRADEMED recibió por estos hechos una sanción de 330.000 €, que recurrió por la vía contencioso administrativa. Antes había evitado otras sanciones por una “incorrecta tramitación de los expedientes administrativos”, lo que sorprendentemente volvió a repetirse en el expediente sancionador abierto por la Dirección de Medio Natural abierto tras las denuncias de ANSE, precisamente por la afección de especies protegidas de la flora autóctona donde ahora se ha legalizado la ampliación, que fue archivado tras estimar un recurso de la empresa por una “tramitación improcedente” (la D. General tardó más de 6 meses en el trámite, incumpliendo la legislación).



ANSE considera además que la solicitud efectuada por Trademed para legalizar sus construcciones en Suelo No Urbanizable debía de haber sido rechazada por ser incompatible con los usos del suelo previstos por la normativa urbanística del Ayuntamiento de Cartagena, No Urbanizables de Protección Forestal. Además, se ha podido comprobar en el expediente que los terrenos eran propiedad de la Unión Española de Explosivos en el momento en que se realizaron las actuaciones, hace ya varios años.



Los terrenos en los que se ha legalizado esta actuación están considerados como "hábitat raros prioritarios" en la Directiva Hábitat de la Unión Europea, así como en la legislación española de desarrollo, por cuanto que la vegetación presente en las laderas de Sierra Gorda, caracterizada por la presencia de sabina mora (Tetraclinis articulata), cornical (Periploca angustifolia), espino negro (Rhamnus lycioides), palmito (Chamaerops humilis) o chumberillo de lobo (Caralluma europaea) entre otras, suficiente para su consideración como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), aunque no haya sido propuesto por la Comunidad Autónoma con dicha figura de protección, lo cual supondría su inclusión dentro de la Red Natura 2.000 de espacios protegidos europeos; si bien merecen continuar siendo protegidos por la normativa municipal y autonómica.



En este sentido, ANSE señala que debido a la presión que de forma ilegal y constante vienen siendo sometidos los terrenos sobre los que se solicita la ampliación de las instalaciones por parte de la empresa Trademed, S.L. los bienes ambientales presentes en la zona se encuentran en una calamitosa situación lo cual hace peligrar su viabilidad, razón por la cual es necesaria una inmediata y contundente actuación a favor de su debida protección y recuperación que pase por frenar la agresión de Trademed, S.L. y, consecuentemente con ello, la denegación de la solicitud de ampliación de instalaciones aprobada por la Comunidad Autónoma.

POLARIS COMERCIALIZA VIVIENDAS EN SUELO NO URBANIZABLE

NOTA DE PRENSA DE ANSE



Murcia, 30 de agosto de 2005



POLARIS COMERCIALIZA VIVIENDAS EN SUELO NO URBANIZABLE

ANSE denuncia que el proyecto “Condado de Alhama” se ofrece por Internet sin estar aún recalificado el suelo



La Asociación denuncia nuevamente las irregularidades y complicidades en torno al proceso de recalificación masiva de suelos emprendido por la práctica totalidad de los gobiernos municipales de la Región, con la colaboración necesaria de la Consejería de Urbanismo y el Presidente Valcárcel.



En esta ocasión se trata de los “resorts” o complejos promovidos por POLARIS WORLD en Alhama de Murcia, en la finca La Conquela, conocido como “Condado de Alhama”. Según la propaganda inmobiliaria descubierta por ANSE en Internet, “Polaris World lanza, en mayo de 2005, Condado de Alhama, un conjunto de otros 5 resorts agrupados sobre una extensión de 9 millones de metros cuadrados”. También se afirma que “constituye la mayor apuesta de una promotora por el turismo residencial de calidad en toda la costa mediterránea”. En estas y otros centenares de páginas web de todo el mundo, los agentes autorizados por Polaris World llevan meses comercializando las casi 20.000 viviendas que se pretende construir en esta zona. Las condiciones de pago establecidas por estas páginas web oficiales de los agentes de POLARIS para las viviendas YA A LA VENTA DESDE SU LANZAMIENTO EN MAYO DE 2005, incluyen una reserva de 3.000 euros.





La Asociación está en condiciones de demostrar que “Polaris está vendiendo viviendas sobre un suelo que aún no ha sido reclasificado y tampoco se ha aprobado ningún Plan Parcial”. En efecto, según el Boletín Oficial de la Región de 13 de mayo de este año, se aprobó inicialmente la Modificación 23-R “La Coquela” del Plan general de Ordenación Urbana. Este acuerdo fue adoptado en el pleno municipal de Alhama del día 29 de abril, en el que curiosamente no fue debatido y quedó sobre la mesa, aunque estaba incluido en el Orden del Día, el Avance del Plan General. Es decir, el Ayuntamiento está dando claramente prioridad al proyecto de Polaris en detrimento del conjunto de la ordenación municipal.



ANSE recuerda que “el propio Convenio Urbanístico firmado por POLARIS con el Ayuntamiento de Alhama afirma en su claúsula Octava que la eficacia del convenio urbanístico “queda supeditada a que se produzca la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana”.



Estas informaciones confirman que POLARIS se ha adelantado en varios meses a todos los trámites legales establecidos para la recalificación y ordenación urbanística pormenorizada del suelo. Para ANSE, “aunque se haya aprobado la Declaración de Impacto Ambiental de la Modificación Urbanística, esto no da ningún derecho a POLARIS, ya que es imprescindible que antes de comercializar las viviendas no sólo tenga aprobada la recalificación del suelo –cosa que aún no se ha producido-, sino que además debe ser aprobado el correspondiente Plan o planes parciales”. Hasta ahora, el Ayuntamiento de Alhama de Murcia tan sólo ha aprobado inicialmente y expuesto a información pública (según Boletín Oficial Oficial de 17 de agosto de 2005) el Plan parcial de un sector.



ANSE considera que POLARIS cuenta claramente con la complicidad de la propia Comunidad Autónoma, que aún tiene pendiente publicar la aprobación de la Modificación Urbanística. La Asociación se refiere al convenio firmado hace unas semanas por el que la empresa se comprometía, sin contrapartida declarada alguna, a financiar una parte de la Autovía de Mazarrón. El Presidente de ANSE está convencido de que si hay contrapartidas a esta financiación privada, por ejemplo, el silencio cómplice del Consejero Bascuñana ante las irregularidades urbanísticas de este proyecto.



ANSE también denuncia que el Ayuntamiento de Alhama, a través del decreto de 8 de agosto de 2005, ha iniciado la tramitación de uno de los Planes Parciales de desarrollo de la Modificación 23-R sin realizar la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental, para lo cual debe someter a información pública un Estudio de Impacto Ambiental. De hecho, la Declaración de Impacto Ambiental publicada ese mismo día 8 de agosto dice claramente que “No son objeto por tanto de esta Declaración de Impacto Ambiental, los instrumentos de planeamiento de desarrollo ni aquellas actuaciones que deban ser objeto de posteriores procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental por tratarse de supuestos contemplados en la normativa vigente en esta materia, tales como los Planes Parciales de cualquier uso cuando así lo exigiera expresamente el Plan General Municipal de Ordenación por actuar sobre áreas próximas a suelos no urbanizables protegidos, …”.



La Asociación anuncia que, tal como hiciera con la urbanización de Lo Poyo en el Mar Menor, ANSE empleará todos los instrumentos legales a su alcance para asegurar que “Condado de Alhama” cumple estrictamente todos los requisitos ambientales establecidos por la normativa. “Si POLARIS, el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma cometen el error de impulsar y aprobar indebidamente el Plan Parcial sin una evaluación de impacto o sin disponer de los recursos hídricos suficientes, ANSE acudirá sin dudarlo hasta el Tribunal Supremo si es necesario”.



Para la Asociación no son suficientes las contrapartidas ambientales ofrecidas por los promotores, que a cambio de la reclasificación de más de cinco millones de metros cuadrados, cederán más de 2.000.000 de metros cuadrados en la zona protegida de los Saladares del Guadalentín de los que obtienen no obstante edificabilidad, financiando con 200 millones de las antiguas pesetas su restauración medioambiental. El Presidente de ANSE ha mostrado la desconfianza de estas contraprestaciones y dice que “aunque pueda ser interesante la adquisición para una entidad pública del terreno protegido de los saladares, estamos radicalmente en desacuerdo de que sea a costa de un desarrollo urbanístico descomunal, más si cabe en una región muy limitada en recursos hídricos y en infraestructuras ambientales”.



ANSE calcula que las más de 60.000 personas que acogerán las 19.200 viviendas, supondrán un gasto de agua doméstica de unos 7 hectómetros cúbicos. Las zonas verdes públicas y los tres nuevos campos de golf podrán gastar posiblemente un volumen de al menos unos 3 hectómetros cúbicos. En total, diez hectómetros cúbicos. Según parece, el abastecimiento se obtendrá de la nueva desaladora del Campo de Cartagena, en la rambla de Valdelentisco, que el Ministerio de Medio Ambiente está ejecutando, según ANSE, infringiendo la Directiva Comunitaria sobre Natura 2000 y provocando graves daños sobre la vegetación y el paisaje del espacio protegido de la Sierra de la Muela-Cabo Tiñoso, al menos hasta que la empresa promotora construya una nueva desaladora.

El nacionalismo hidráulico (La Verdad, 18/07/2005)

OPINIÓN
TRIBUNA DE 'LA VERDAD' XIM

El nacionalismo hidráulico



El Foro Ciudadano publicó en 2003 El otro estado de la Región, un amplio y detallado estudio en el que más de cincuenta expertos hacían un riguroso análisis de la situación económica, social, cultural y política de la Región de Murcia. En ese estudio se mostraba que esta comunidad, pese a contar con una de las tasas de crecimiento económico más altas de España, sigue ocupando el furgón de cola en la mayor parte de los indicadores de desarrollo humano: empleo, educación, sanidad, servicios sociales, cultura, vivienda, urbanismo sostenible, transportes públicos, energías renovables, protección del patrimonio natural y cultural, pluralismo político e informativo, participación ciudadana, etc.

Ante esta contradicción entre el alto crecimiento económico y el bajo desarrollo social, cultural y político, es inevitable hacerse una doble pregunta: ¿quiénes son los responsables políticos de esta injustificable situación, habida cuenta de que el PP ha gobernado en España durante ocho años y sigue gobernando en la Región y en la mayoría de sus ayuntamientos desde hace diez?; ¿y a qué bolsillos han ido a parar los elevados beneficios económicos generados, puesto que no se han destinado a procurar un desarrollo más equitativo y sostenible de la Región?

Sin embargo, los murcianos no han exigido responsabilidades ni han castigado electoralmente al PP, sino todo lo contrario: desde 1995, el PP murciano ha ido aumentando su ventaja con respecto al PSRM-PSOE e IURM en todas las convocatorias electorales. El 14 de marzo de 2004, cuando el PP de Aznar pasó de la mayoría absoluta a la oposición y perdió diputados en todas las comunidades, en la murciana aumentó su apoyo electoral, convirtiéndose así, junto con Ceuta y Melilla, en la única excepción a la regla. La Región de Murcia es hoy, sobre todo tras el cambio político en Galicia, la comunidad más conservadora de España.

¿Cómo explicar esta excepción política en un país que ha optado mayoritariamente por un gobierno progresista y que reclama mayores avances en políticas sociales, medioambientales, de pluralismo informativo y de profundización democrática? ¿Por qué los murcianos se han mantenido al margen de esta renovación política en el conjunto del país y no han castigado tampoco al gobierno regional y a los gobiernos locales, pese a su manifiesta incapacidad para mejorar el desarrollo social, cultural y político de la Región?

Sin lugar a dudas, el gran éxito del PP murciano ha consistido en crear un nuevo mito político, una nueva bandera con la que ocultar su incompetencia y acallar toda posible crítica: el nacionalismo hidráulico. Conviene recordar que en 1990 el llamado problema del agua era la mayor preocupación sólo para el 0,4% de los ciudadanos de la Región, según un estudio del Departamento de Sociología de la UMU. El nacionalismo hidráulico ha sido, pues, una invención reciente y exitosa.

A diferencia de otras comunidades autónomas, la Región de Murcia no cuenta con ningún partido nacionalista, ni se había dotado hasta ahora de una imaginaria identidad nacional, ni se había afirmado frente a otras comunidades como un nosotros unitario y excluyente. Sin embargo, desde 1995, ha sido el PP, el partido supuestamente garante de la unidad de España, el que ha conseguido crear de la nada un sentimiento patriótico de murcianía que, como todos los sentimientos patrióticos, se manifiesta políticamente de forma fanática, exaltada y agresiva. Pero este nuevo sentimiento se asienta sobre una seña de identidad muy peculiar: el agua, convertida en el gran tótem comunitario de los murcianos mediante la simple y reiterada consigna del agua para todos.

El nacionalismo hidráulico, como todo nacionalismo, se apoya en tres mentiras básicas, que repite machaconamente hasta convertirlas en dogmas de fe. En primer lugar, el victimismo: la culpa de nuestros males es siempre de los otros, de los forasteros, de quienes nos agreden o nos arrebatan lo que es nuestro, en este caso de los catalanes, aragoneses y manchegos, porque no nos quieren dar un agua que reclamamos como nuestra y sobre la que creemos tener una especie de derecho histórico. En segundo lugar, el narcisismo: tenemos un derecho inalienable a ese agua que corre por el Tajo, el Ebro o cualquier otro río que se nos antoje reclamar, porque somos mejores que los demás, porque aprovechamos el agua mejor que ellos, porque nuestros productos horto-frutícolas y nuestras construcciones urbano-turísticas son más rentables que las de esas otras comunidades que desperdician el agua y la tiran al mar. En tercer lugar, la unanimidad: tras la pancarta del agua para todos, que ha vuelto a salir a la calle el 14 de julio, estamos unidos todos los murcianos, gobierno y oposición, empresarios y sindicatos, constructores y agricultores, cajas de ahorro y medios de comunicación, peñas huertanas y cofradías de moros y cristianos, y quien no se sume al coro unánime ya no es uno de los nuestros, sino un traidor, un enemigo interior, un antimurciano, un infiltrado al servicio de los otros, y por tanto hemos de insultarlo, acallarlo, condenarlo a la muerte civil y conseguir así la limpieza étnica y launanimidad proclamada.

Este nacionalismo hidráulico ha permitido al PP murciano eludir toda responsabilidad en el ejercicio de su gestión durante los últimos diez años, al desplazar hacia uno o varios enemigos exteriores todos los conflictos internos. Por ejemplo, el conflicto entre agricultores y constructores, ya que estos últimos están incrementando incontroladamente la demanda de agua a costa de aquéllos, y al mismo tiempo los están utilizando como punta de lanza contra el gobierno central y las comunidades insolidarias. ¿Por qué lo consienten los agricultores? Quizá porque muchos de ellos se han convertido de la noche a la mañana en propietarios de solares, gracias a la política de recalificaciones masivas promovida por el gobierno regional y ejecutada por los gobiernos locales. De modo que el conflicto entre el regadío y la especulación inmobiliaria se transforma en una complicidad de intereses amparada por los gobernantes regionales y municipales, y en la que la legítima defensa de su subsistencia por parte de los pequeños agricultores se encuentra mezclada con la codicia, la irresponsabilidad, la corrupción y la hipocresía de quienes saben muy bien los negocios que se traen entre manos, aunque los revistan con la noble bandera del patriotismo herido y airado.

Ya es hora de decir bien alto y bien claro -como ha hecho la coordinadora La Región de Murcia no se vende- que estos supuestos patriotas murcianos están esquilmando el patrimonio natural y cultural de la Región y vendiéndolo sin el menor escrúpulo. Ya es hora de denunciar -como vienen haciendo desde hace años ANSE, Ecologistas en Acción, Greenpeace, el Foro Ciudadano y otras muchas asociaciones de la Región- el disparatado incremento de regadíos ilegales y de resorts con campos de golf (más de 50 ya, en una región con 45 municipios), que ha tenido lugar con la connivencia del gobierno regional, los ayuntamientos e incluso las comunidades de regantes.

Ya es hora de poner encima de la mesa el verdadero problema de esta Región: un incremento desmesurado e irresponsable de la demanda de agua, que se disparó por vez primera al socaire del trasvase Tajo-Segura -de modo que éste acabó siendo insuficiente antes de terminarse-, que volvió a acelerarse con el proyectado trasvase del Ebro -vendiendo así la piel del oso antes de cazarlo- y que pretende seguir incrementándose a costa del agotamiento de las reservas propias y de la reclamación de nuevos aportes externos, sintener en cuenta los más elementales criterios de sostenibilidad y autosuficiencia, ni la Directiva Marco del Agua, ni el callejón sin salida al que lleva la llamada guerra del agua, ni los previsibles efectos del cambio climático en el litoral mediterráneo. Por cierto, los 400 científicos que cuantificaron recientemente dichos efectos fueron calificados como palmeros de la ministra Narbona por el preclaro señor Cerdá, durante muchos años consejero de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, hasta que Medio Ambiente ha pasado a ser gestionado junto con Industria (¿olé la coherencia!) por otro preclaro político, el ecologista Marqués.

Ya es hora de que los ciudadanos de esta Región denunciemos las mentiras del nacionalismo hidráulico y reclamemos otro modelo de desarrollo -mucho más equitativo, sostenible y participativo- y otros representantes políticos que tengan la capacidad y la honestidad para hacerlo posible.



Antonio Campillo, Felipe Iracheta, Caridad de Santiago, Manuel Tovar, Jesús Solá, Teodoro Antolinos, Alicia Poza, Martín Rodríguez y otros veinte miembros del Foro Ciudadano.