LAS DENUNCIAS DE ANSE OBLIGAN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA A RESCINDIR EL CONVENIO EN LAS SALINAS DE MARCHAMALO.
En lugar de reconocer el incumplimiento continuo por parte de la empresa propietaria de las salinas del convenio de colaboración, la Comunidad Autónoma ha preferido amparar y ocultar las evidencias (las salinas cada vez están en peor estado y no se extrae sal desde hace años), lanzando la pelota al tejado del Ministerio de Medio Ambiente, y anunciando que la rescisión del contrato se ha producido de mutuo acuerdo.
El Consejero pretende justificar la finalización del Convenio en que el Ministerio es propietario de una parte de las salinas tras el deslinde de costas, cuando sabe a la perfección que la mayoría de la propiedad sigue en manos del conocido constructor de Cartagena Mariano Roca, el mismo que ha firmado los convenios con la Comunidad Autónoma durante años, recibiendo a cambio una significativa compensación económica.
La Asociación hace responsables a los últimos consejeros de Medio Ambiente de la situación de deterioro de las salinas, ya que se han limitado a dar dinero a los propietarios sin garantizar la extracción de sal ni el mantenimiento de las infraestructuras. La extracción de la sal acumulada y el nuevo acondicionamiento de las charcas cristalizadotas requieren ahora de importantes inversiones.
ANSE recuerda que los trabajos de urgencia acometidos durante la semana pasada para volver a introducir agua a las salinas y evitar nuevamente la desecación de la mayoría de las charcas se han realizado tras la última denuncia de la asociación, que se pregunta ¿por qué ha mantenido la Consejería el presupuesto de 40.000 € para renovar el convenio con la empresa salinera en 2008 si el deslinde de Costas se produjo en 2007?, ¿por qué se ha reunido la Comisión de seguimiento después de las últimas denuncias de ANSE, y no antes?, ¿por qué no se hacen públicos los informes de seguimiento?...
Especialmente increíbles resultan las afirmaciones del Consejero acerca de que en la reunión de la comisión de seguimiento se comprobó que “...los objetivos que marca el convenio de las Salinas de Marchamalo se han cumplido, habiendo sido ejecutados todos los trabajos establecidos...”, y que “... tanto la población de pez fartet, como de las aves que habitan en este espacio natural continua estable..”, pues ha ocurrido lo contrario. ¿A quien pretende engañar?.
La realidad es que no se extrae sal desde hace varios años, que durante largos periodos no se ha introducido agua a las salinas, produciéndose mortalidades de peces, que no se ha procedido al vallado que se indicaba en el convenio para impedir el acceso de animales domésticos y personas a las zonas más frágiles, que las poblaciones de aves y fartet han disminuido, que el patrimonio histórico (como uno de los pocos molinos de viento salineros del Mediterráneo Occidental) se encuentra en estado ruinoso,…, que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Mar Menor sigue sin aprobarse definitivamente diez años después de su inio, que otra de las empresas (Unifamiliares del Sureste) de los dueños de las salinas ha solicitado expresamente que se le permita construir viviendas familiares en los cultivos próximos, dentro del espacio protegido.
La Asociación recuerda que el Consejero de Desarrollo Sostenible no se ha dignado a responder a lo largo de los últimos años a las diferentes denuncias realizadas por ANSE, que no constan siquiera en el expediente del Convenio de las salinas.
Para mayor perplejidad, la empresa denunció a ANSE tras la acción de protesta del pasado mes de agosto, acusándole de unos supuestos daños que no se cometieron, y exigiendo mediante la vía judicial una indemnización de 3.000 €. Como testigo judicial de los propietarios declaró un vigilante de la empresa “Portmán Golf”, y se acusó a ANSE de haber arruinado la cosecha de sal de todo un año, cuando lo cierto es que llevan varios años sin recogerla.
La Asociación, que confía en que el Ministerio de Medio Ambiente pueda ayudar en la recuperación de este importante espacio protegido, reclama no obstante al Consejero que inicie un expediente de expropiación de las salinas, y no eluda la responsabilidad y competencias de la Comunidad Autónoma en la conservación de los espacios naturales del Mar Menor. Además, debe exigir a la empresa la devolución de al menos una parte de las ayudas recibidas, pues no ha cumplido la mayoría de sus obligaciones, entre las que destaca el mantenimiento de la actividad salinera.
