El fiscal llamará a declarar «a varias personas» para esclarecer presuntos delitos en La Zerrichera

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REGIÓN MURCIA
M. BUITRAGO/MURCIA

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Manuel López Bernal, llamará «próximamente a declarar a algunas personas» en relación a la investigación que tiene abierta sobre la urbanización de La Zerrichera en Águilas, dentro del espacio protegido de la sierra de Almenara. Así lo confirmó ayer al fiscal jefe a La Verdad, aunque eludió señalar a las personas que serán citadas con el fin de esclarecer si ha existido delito. Éstas podrían ser técnico y anteriores cargos de la Consejería de Medio Ambiente.

López Bernal subrayó que el asunto está sub judice cuando fue preguntado si su oficina presentará una denuncia ante el juzgado competente. Recordó que existen dos plazos para llevar a cabo la investigación. El primero concluye a los seis meses -le quedan dos desde que el PSOE y los ecologistas formularon las denuncias-; mientras que el segundo llega hasta los doce, previa autorización del fiscal general.

Petición de pruebas

La Fiscalía abrió diligencias informativas después de que los socialistas denunciaran en enero el caso ante la la oficina anticorrupción. Un mes después, López Bernal recibió otro pliego de acusaciones procedente de la Asociación de Naturalistas del Sureste y de Ecologistas en Acción. Estos últimos solicitaron que se tomara declaración a los directores generales de Calidad Ambiental (Antonio Alvarado) y del Medio Natural (Encarna Muñoz); junto al entonces consejero de Medio Ambiente (Francisco Marqués) y a los técnicos que intervinieron «en la elaboración de los informes favorables». A estos sumaban el concejal del Ayuntamiento de Águilas co propietario de los terrenos que fueron vendidos al Grupo Hispania para desarrollar el proyecto Águilas Golf. Asimismo, reclamaron el envío de los expedientes sobre La Zerrichera de las consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas.

La Fiscalía presentará denuncia cuando aprecie indicios de delito a la vista de lo actuado. Los ecologistas denunciaron la posible existencia de «prevaricación, delitos contra el medio ambiente y uso de información privilegiada». Consideran que «se benefició a una empresa inmobiliaria perjudicando los valores naturales de un espacio protegido por la normativa europea».

El PSOE también denunció el caso ante la Unión Europea por considerar que se destruirían 77 hectáreas de alto valor de conservación. La urbanización se encuentra ahora técnicamente paralizado por la Consejería, que exige que se ajuste Plan de Gestión de la ZEPA de la Almenara.

El Gobierno regional siempre ha mantenido la legalidad de sus actuaciones.