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5/20/2005

ANSE Y GREENPEACE PIDEN AL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA LA PARALIZACIÓN DE PUERTO MAYOR COMO PASO PREVIO A UN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Las asociaciones ANSE y Greenpeace han presentado un escrito conjunto en el registro de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en el que piden al Presidente, Ramón Luís Valcárcel, la paralización de las obras de Puerto Mayor.



Ambas organizaciones plantean este escrito ante la imposibilidad de personarse en el Contencioso Administrativo interpuesto por el Ministerio de Medio Ambiente por este mismo asunto, y piden que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma acuerde declarar la nulidad de las Resoluciones que han permitido iniciar las obras de construcción del puerto deportivo, así como la caducidad de la concesión del mismo, y la urgente paralización de los trabajos que actualmente se realizan en la zona.



Greenpeace y ANSE basan su petición en el cumplimiento del mandato del artículo

45 de la Constitución Española, al considerar demostrado que las obras de Puerto Mayor van a ocasionar daños de imposible reparación en el litoral del Mar Menor y de la propia Manga del Mar Menor consistentes en:



1.- Con la construcción del Puerto se elimina una gran playa de 600 metros de longitud.



2.- La ampliación del canal de comunicación de El Estacio, tal y como está proyectada, incrementará la posibilidad de profundos cambios en la hidrografía, comunidades biológicas y salinidad del Mar Menor, propiciando todavía más el crecimiento y expansión de especies como la "caulerpa prolifera" (las medusas), y la alteración de las condiciones que creaban las características singulares del Mar Menor.



3.- La construcción de Puerto Mayor representa en sí misma una barrera al transporte de los sedimentos que han creado y alimentan a La Manga del Mar Menor, sin que se haya previsto en la Declaración de Impacto Ambiental ninguna medida correctora al respecto para evitar o paliar este efecto negativo tan severo.



La Asociación de Naturalistas del Sureste propuso en la reunión de ayer del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que los arenales del entorno de Puerto Mayor sean propuestos para su inclusión dentro del Lugar de Importancia Comunitaria Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, al considerar que cuentan con valores naturales que justifican su protección por la Directiva de Hábitat de la Unión Europea. El Consejero de Medio Ambiente se ha comprometido a estudiar la propuesta, que no contó con la oposición de ninguno de los miembros del Consejo. Greenpeace apoya la declaración de LIC para estos arenales y, al igual que ANSE, lo considera una oportunidad para que el Gobierno de la Comunidad Autónoma reconduzca el disparate urbanístico del tramo norte de La Manga.



Ambas organizaciones consideran que esta propuesta es complementaria a la que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en la Asamblea Regional de Murcia, para instar al Gobierno del Estado a que no permita la construcción de viviendas en esta zona, y demostraría el verdadero compromiso del Gobierno Regional por salvar el último trozo de costa no hormigonado del tramo norte de La Manga.



Además, las obras que se están ejecutando no son las autorizadas por el Consejo de Ministros de 4 de julio de 1975, no consta aprobación administrativa de las mismas y afectan a un Lugar de Interés Comunitario (LIC), uno de los puntos más sensibles de la costa del que depende la propia estabilidad de La Manga y de las características del mar Menor. Incumple el artículo 93 del Reglamento de Costas y el artículo 6 de la

Directiva 92/43/CEE de Hábitats, al no tomar medidas compensatorias para garantizar que este Lugar de Interés Comunitario (LIC) queda protegido.



Las organizaciones justifican la caducidad de la concesión de 4 de julio de 1.975 en el tiempo transcurrido sin iniciar las obras, cuando este comienzo dependía sólo de la voluntad del concesionario, incumpliendo así las cláusulas de la concesión determinante de la caducidad, así como de la incompatibilidad de esa concesión de 1.975 con los criterios actuales de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.