EL TSJ MULTARÁ A MEDIO AMBIENTE SI NO ENTREGA LA DOCUMENTACIÓN DE PUERTO MAYOR

Se estarían ocultando las graves responsabilidades del Director General de Calidad Ambiental

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha dictado una Resolución, dentro del proceso judicial abierto ante el Recurso presentado por ANSE y Greenpeace contra el proyecto de Puerto Mayor, ordenando a la Consejería de Medio Ambiente que en el plazo de diez días remita, bajo apercibimiento de multa, la documentación relativa al expediente del Levantamiento de las obras de Puerto Mayor aprobado por el Director General de Calidad Ambiental, D. Antonio Alvarado.

La decisión judicial ha sido adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia a petición de ANSE y Greenpeace tras comprobar que dicha documentación no había sido incorporada al expediente administrativo de Puerto Mayor pese a las peticiones efectuadas anteriormente en tal sentido.

Se da la circunstancia de que esta es la tercera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia pide dicha documentación a la Comunidad Autónoma habiendo sido incumplida tal petición anteriormente. Estos hechos han motivado que el citado Tribunal haya advertido a los responsables de la Consejería de Medio Ambiente de que si incumplen nuevamente la orden judicial procederá a imponerles una multa.

Ambas organizaciones ecologistas entienden que si la Consejería de Medio Ambiente se niega nuevamente a entregar dicha documentación deberá procederse seguidamente a la apertura de diligencias penales contra los responsables de la misma por la posible comisión de un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

A juicio del Presidente de ANSE, Pedro García, con este proceder los responsables de la Consejería de Medio Ambiente estarían tratando de ocultar las graves responsabilidades en que podría haber incurrido el Director General de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, al acordar de forma improcedente el levantamiento de la suspensión de las obras ordenado anteriormente por la propia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al comprobar que el Proyecto de Puerto Mayor era ilegal por ser contrario a la normativa de Costas y de Medio Ambiente.

A pesar de ser contrario a derecho y contar con una Sentencia del Tribunal Supremo que establece que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debía proceder a declarar su nulidad con la tramitación de un procedimiento de revisión de actos nulos, las obras de este gran puerto, con capacidad para unos 950 amarres, siguieron adelante únicamente para favorecer los intereses particulares de la empresa Puerto Mayor S.A., de cuyo Consejo de Administración formaba parte el alto cargo del PP y Concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Sánchez Carrillo. Para ello, será necesario acabar con más de 600 metros de playas y la más extensa superficie de arenales no urbanizados de la zona norte de La Manga.

En este sentido, las organizaciones ANSE y Greenpeace piden al nuevo Consejero de Medio Ambiente que intervenga en este asunto para colaborar con la Administración de Justicia a fin de aclarar todas las irregularidades en que se haya podido incurrir, así como en la anulación de los actos administrativos dictados de forma improcedente en defensa del Proyecto de Puerto Mayor.