LA JUSTICIA OBLIGA AL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA A ENTREGAR A ANSE Y GREENPEACE EL EXPEDIENTE DE PUERTO MAYOR
ANSE y Greenpeace han mostrado su satisfacción ante la decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que ordena a la Consejería de Presidencia de esta Comunidad Autónoma a que entregue a las organizaciones ecologistas toda la documentación que figura en el expediente administrativo del proyecto del puerto deportivo de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor.
ANSE y Greenpeace denuncian que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, se ha negado de forma sistemática a cumplir con su responsabilidad en la tramitación de este proyecto. Ambas organizaciones se dirigieron por escrito a Valcárcel en mayo de 2005 para pedirle que ejecutara la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Julio de 2002 por la que se declaraba que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debía tramitar un procedimiento de Revisión de Actos Nulos para declarar la caducidad de la concesión de Puerto Mayor, ya que dicha concesión era contraria a lo establecido en la Ley de Costas.
Contra la desestimación por silencio administrativo del Presidente Valcárcel, ANSE y Greenpeace, que en enero de 2005 paralizaron mediante una acción las obras de construcción del puerto y demandaron al Ministerio de Medio Ambiente la presentación de un recurso ante los tribunales, interpusieron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. La única documentación que se ha remitido a las organizaciones ecologistas hasta el momento han sido los escritos de la Secretaria de la Consejería indicando que había solicitado a Medio Ambiente y Obras Públicas los expedientes, y el escrito de ANSE y Greenpeace pidiendo la ejecución de la Sentencia de 2002.
Estos hechos han motivado que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia haya ordenado, a instancias de los abogados de las asociaciones, a la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que proceda a entregar a ANSE y Greenpeace la totalidad de la documentación obrante en el expediente administrativo de Puerto Mayor.
"Con una actuación de estas características parece que el Gobierno de la Región de Murcia trata de ocultar las graves irregularidades jurídicas en las que se ha incurrido” ha declarado Pedro García, portavoz de ANSE.
Ante la paralización del proyecto del Puerto Mayor y la más que previsible declaración de caducidad de la concesión de ocupación del litoral, la empresa Puerto Mayor S.A. nombró a Antonio Sánchez-Carrillo miembro de su Consejo de Administración durante 5 años (2004-2009). Sánchez-Carrillo es concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia y alto responsable del Partido Popular en la Región. Así se le otorgaron funciones en una Comisión para el seguimiento de la obras del puerto tras la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y el levantamiento de la paralización de las obras, que acordó el Director General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, a pesar de que dicha resolución debía haber sido adoptada por el Consejo de Gobierno. Sánchez-Carrillo dimitió del Consejo de Administración de Puerto Mayor S.A. cuando se destapó el escándalo de Puerto Mayor.
“El Tribunal Supremo dictaminó en 2002 que la concesión de Puerto Mayor había caducado. Es inaceptable que Valcárcel actúe como obstáculo para el cumplimiento de esta sentencia y para la aplicación de la Ley de Costas” ha declarado María José Caballero, portavoz de Greenpeace.
Las asociaciones recuerdan que la construcción de Puerto Mayor, con una capacidad para 950 embarcaciones, concentraría en el tramo norte de La Manga el mayor puerto deportivo del litoral español (2.500 plazas junto con el Puerto Tomás Maestre), y supondría "la mayor oferta europea de puertos deportivos" según ha afirmado la misma empresa. Las organizaciones disponen de documentación de la empresa, con referencia al estado del "Estudio del Avance de la Propuesta de Ordenación del Sector de Puerto Mayor en La Manga del Mar Menor" de abril de 2005, en la que se justifica la construcción de 818 viviendas, un hotel, un palacio de congresos y establecimientos comerciales en terrenos de dominio público marítimo terrestre, gran parte de ellos aún pendiente de ganar al mar.
ANSE y Greenpeace denuncian que el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, se ha negado de forma sistemática a cumplir con su responsabilidad en la tramitación de este proyecto. Ambas organizaciones se dirigieron por escrito a Valcárcel en mayo de 2005 para pedirle que ejecutara la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Julio de 2002 por la que se declaraba que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia debía tramitar un procedimiento de Revisión de Actos Nulos para declarar la caducidad de la concesión de Puerto Mayor, ya que dicha concesión era contraria a lo establecido en la Ley de Costas.
Contra la desestimación por silencio administrativo del Presidente Valcárcel, ANSE y Greenpeace, que en enero de 2005 paralizaron mediante una acción las obras de construcción del puerto y demandaron al Ministerio de Medio Ambiente la presentación de un recurso ante los tribunales, interpusieron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. La única documentación que se ha remitido a las organizaciones ecologistas hasta el momento han sido los escritos de la Secretaria de la Consejería indicando que había solicitado a Medio Ambiente y Obras Públicas los expedientes, y el escrito de ANSE y Greenpeace pidiendo la ejecución de la Sentencia de 2002.
Estos hechos han motivado que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia haya ordenado, a instancias de los abogados de las asociaciones, a la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que proceda a entregar a ANSE y Greenpeace la totalidad de la documentación obrante en el expediente administrativo de Puerto Mayor.
"Con una actuación de estas características parece que el Gobierno de la Región de Murcia trata de ocultar las graves irregularidades jurídicas en las que se ha incurrido” ha declarado Pedro García, portavoz de ANSE.
Ante la paralización del proyecto del Puerto Mayor y la más que previsible declaración de caducidad de la concesión de ocupación del litoral, la empresa Puerto Mayor S.A. nombró a Antonio Sánchez-Carrillo miembro de su Consejo de Administración durante 5 años (2004-2009). Sánchez-Carrillo es concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia y alto responsable del Partido Popular en la Región. Así se le otorgaron funciones en una Comisión para el seguimiento de la obras del puerto tras la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y el levantamiento de la paralización de las obras, que acordó el Director General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, a pesar de que dicha resolución debía haber sido adoptada por el Consejo de Gobierno. Sánchez-Carrillo dimitió del Consejo de Administración de Puerto Mayor S.A. cuando se destapó el escándalo de Puerto Mayor.
“El Tribunal Supremo dictaminó en 2002 que la concesión de Puerto Mayor había caducado. Es inaceptable que Valcárcel actúe como obstáculo para el cumplimiento de esta sentencia y para la aplicación de la Ley de Costas” ha declarado María José Caballero, portavoz de Greenpeace.
Las asociaciones recuerdan que la construcción de Puerto Mayor, con una capacidad para 950 embarcaciones, concentraría en el tramo norte de La Manga el mayor puerto deportivo del litoral español (2.500 plazas junto con el Puerto Tomás Maestre), y supondría "la mayor oferta europea de puertos deportivos" según ha afirmado la misma empresa. Las organizaciones disponen de documentación de la empresa, con referencia al estado del "Estudio del Avance de la Propuesta de Ordenación del Sector de Puerto Mayor en La Manga del Mar Menor" de abril de 2005, en la que se justifica la construcción de 818 viviendas, un hotel, un palacio de congresos y establecimientos comerciales en terrenos de dominio público marítimo terrestre, gran parte de ellos aún pendiente de ganar al mar.
posted by Quimioterapia @ 7:25 p. m.
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