LA PANDEMIA INMOBILIARIA

Antonio Campillo, Pedro García y Julia Martínez

Ante el caso de flagrante corrupción política que ha tenido lugar en el
Ayuntamiento de Águilas, debido a la recalificación urbanística de un
espacio protegido por la Unión Europea en la Sierra de la Almenara, y en el
que se han visto implicados la empresa inmobiliaria Hispania, el alcalde y
los concejales del PP, los del MIRA y cuatro del PSOE, así como el Director
General de Calidad Ambiental y el Consejero de Medio Ambiente, los autores
de este artículo, en nombre propio y en representación de nuestras
respectivas organizaciones, creemos que la Región de Murcia necesita adoptar
de forma urgente una serie de medidas de regeneración democrática de las
administraciones públicas, y en especial de las relacionadas con el
urbanismo y el medio ambiente.

Para empezar, exigimos la dimisión inmediata de los tres responsables
políticos implicados directamente en los hechos: el Alcalde de Águilas, el
Director General de Calidad Ambiental y el Consejero de Medio Ambiente.

Además, reclamamos la apertura de una investigación de oficio por parte del
Fiscal jefe, dada la gravedad de las posibles figuras delictivas y los
cargos públicos ejercidos por las personas implicadas.

Consideramos que el caso de la Sierra de Almenara no es un caso aislado, ni
en el municipio de Águilas ni en el resto de municipios de la Región, sino
un ejemplo más de lo que ya se ha convertido en una norma de la política
urbanística y medioambiental practicada en nuestra Comunidad Autónoma, tanto
por la administración regional como por las corporaciones locales de uno y
otro signo político. En la Región de Murcia estamos sufriendo una verdadera
pandemia inmobiliaria, cuyos efectos devastadores sobre nuestro patrimonio
natural y sobre nuestras instituciones democráticas es cada vez más
alarmante.

Tal y como han señalado el Defensor del Pueblo, la Fiscalía Anticorrupción y
numerosos expertos en la materia, como el Instituto Andaluz
Interuniversitariio de Criminología y la prestigiosa organización
Transparency International (véase el reciente libro de su fundador, Peter
Eigen: Las redes de la corrupción), el recurso sistemático a las
recalificaciones masivas y a los convenios urbanísticos, que se ha
convertido en moneda corriente en todo el levante español, es la puerta de
entrada a todo tipo de irregularidades administrativas, atropellos
medioambientales, delitos penales, corruptelas políticas, blanqueo de dinero
e infiltración creciente de las mafias internacionales.

Una prueba más de la connivencia a la que se ha llegado entre el gobierno
regional y el lobby del ladrillo es la escandalosa adjudicación de la
gestión de la futura televisión pública murciana a un consorcio de
promotores inmobiliarios sin experiencia alguna en el sector de la
comunicación, y con un coste para la hacienda pública mucho mayor que el
ofrecido por otros concursantes con reconocida experiencia en el mundo
audiovisual.

Numerosas asociaciones ciudadanas de la Región ­ANSE, Ecologistas en Acción,
Coordinadora La Región de Murcia No Se Vende, Foro Ciudadano, etc.- venimos
denunciando una y otra vez la disparatada carrera de recalificaciones y
convenios urbanísticos que está teniendo lugar en los últimos años, sin que
hasta ahora se le haya puesto freno por parte de las autoridades regionales
y municipales.

Por todo ello, proponemos a los tres partidos con representación en el
Parlamento regional, PP, PSRM-PSOE e IURM, que se acuerde de forma
consensuada una moratoria en todos los planes urbanísticos de la Región y
que se inicie una revisión en profundidad de la vigente Ley del Suelo
regional y de todos los planes urbanísticos municipales.

Asimismo, exigimos que se cree en los 45 municipios de la Región una
comisión de seguimiento y control de todas las actuaciones urbanísticas, con
una amplia y plural participación ciudadana, para garantizar que dichas
actuaciones se llevan a cabo con transparencia, conforme a ley y en
beneficio de los intereses generales de todos los ciudadanos.

Finalmente, reclamamos al presidente Valcárcel que cree una verdadera
Consejería de Medio Ambiente, no vinculada ni subordinada a ninguna otra, y
que ponga al frente de la misma a una persona competente, honesta e
independiente, capaz de defender realmente nuestro patrimonio natural,
histórico y cultural, frente a la voracidad depredadora de muchas promotoras
inmobiliarias y a su probada habilidad para comprar voluntades y corromper a
funcionarios y responsables políticos.

En caso de que Valcárcel no cese de forma inmediata al consejero Marqués y
promueva iniciativas de regeneración democrática como las que aquí
proponemos, para poner freno a la pandemia inmobiliaria y al poder creciente
del lobby del ladrillo, se pondrá en evidencia a sí mismo y demostrará ante
la opinión pública murciana que también él forma parte del grave problema de
corrupción institucional al que nos enfrentamos. Si así fuera, las
organizaciones abajo firmantes comenzaremos a exigir su dimisión como
presidente de esta Región.

Antonio Campillo (presidente del Foro Ciudadano), Pedro García (presidente
de ANSE) y Julia Martínez (presidenta de Ecologistas en Acción)