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11/14/2005

EDITORIAL DE "LA VERDAD": MONUMENTO AL CINISMO

El periodico que gestionara el canal autonomico de TV junto a constructoras como POLARIS dice que "Si las urbanizaciones previstas en Alhama no tienen que aprobarse, que no se aprueben" (editorial del 13-11-05)

¿Es que se han creido los VOCENTOS estos que somos tontos del todo?

Si hasta el Angel Montiel advierte en La Opinión del domingo 13 de noviembre de 2005 que "se corre el riesgo de crear un círculo cerrado por el que fluya información averiada"

A ver, Angelico, a qué te refieres, ¿a que sea Manuel Buitrago el próximo redactor-jefe de los informativos de la nueva TV?

Por favor, lea Vd. mismo y opine.


Alhama y el diseño regional

La impericia, en este caso sería peor alegar candidez, del alcalde de Alhama, que no llevó pactado -que no es sinónimo de amañado- un asunto de tamaña importancia para su municipio como el Plan General de Ordenación Urbana terminó en un resultado sorprendente, grotesco cabría decir. Tras reafirmar con su pregunta que el PSOE e IU iban a votar en contra del mismo y cuando comenzó a construir la frase, dirigida al Secretario municipal, y dando por supuesta la disciplina de voto de sus concejales, de «en consecuencia queda aprobado...», la cortante intervención de una concejal de su propio partido, el PP, dejó en suspenso la frase y como consecuencia de su voto contrario la aprobación, cuya consecuencia es la paralización de 15 millones de metros cuadrados urbanizables.Pero si de sorprendente se puede calificar el episodio, es necesario hacerlo como preocupante por los argumentos que la concejal Teresa Rodríguez exhibió ante el pleno y el público asistente. Hubiera sido aplaudible que su razonamiento acudiera a las dudas de la aprobación por motivos de corrupción, de favoritismo o de otra índole basada en un voto en conciencia. No fue así.Por ello, hay que preguntarse, ¿cómo se puede afirmar que se es contraria a las grandes urbanizaciones porque el aumento de población aumentaría la delincuencia? ¿Cómo se puede excluir en razón del lugar que nadie elige para su nacimiento anteponiéndolo a la elección libre de establecerse en un territorio? ¿Cómo puede razonarse que unos ciudadanos europeos, como los españoles, los murcianos o los alhameños, que tienen reconocidos todos sus derechos políticos no puedan ejercerlos porque ello les llevaría a ocupar cargos públicos, reservados desde la óptica de la concejal a los nacidos en Alhama, o más concretamente a quienes van en su casco urbano?. No se le puede negar el voto, si le asiste el derecho, ni siquiera a quien como la concejal piensa de manera tan excluyente. Pero tendrá difícil encontrar unas siglas en Alhama que respondan a estos planteamientos de «racismo político». No hay partido político murciano que pueda alojar en sus Estatutos tamaña concepción de la vida política. Por eso, no se entiende que un partido como el PP, democrático y comprometido con las libertades, puede no haber reaccionado con celeridad excluyendo sin dilación de sus filas a quien, en el marco tan destacable como el máximo órgano del Ayuntamiento, dice lo que dijo. No basta con anunciar que se pedirá su dimisión o que devuelva el acta de concejal. Debe hacerlo, por salud democrática, tras la formalidad del comunicarlo al órgano competente de su partido. Y punto.Sería imperdonable que la defensa de los principios de participación política que tanto esfuerzo ha costado establecer en la vida española se tiñera de un oportunismo político por analizarse la matemática de los votos en el Ayuntamiento que pudiera hacer pensar en la pérdida de la mayoría del PP y por ende de la Alcaldía. ¿Qué partido podría alojar en su seno a quien piensa así o favorecerse de quien lo hace para apoyarse en un «tránsfuga ideológico?. El PSOE ha dado muestras en tiempo reciente de que rechaza estas envenenadas posibilidades. Si las urbanizaciones previstas en Alhama no tiene que aprobarse, que no se aprueben, pero que el voto finalmente negativo no proceda de un análisis ideológico que se fundamenta en la exclusión de unos ciudadanos libres que libremente desean establecerse en nuestra Región, que libremente votarán si tienen derecho a ello y todos -unos y otros- aceptaremos libremente el resultado de las elecciones. ¿Cómo se puede afirmar que, si se aprueban las urbanizaciones, la preocupación es cuál sea el nombre de pila del candidato o que se considere, entonces, que los alhameños serían una minoría residual frente a los «extranjeros»? Proceder de acuerdo con estos razonamientos no esconde más que una rechazable exclusión que no puede ser aceptada pacíficamente. Como, cambiando de protagonista (Teresa Rosique), no se puede rayar la calumnia y el descrédito dejando en el aire, sin pruebas que lo demuestren, la duda de que la coincidencia de un apellido -Abadía, en este caso- liga a dos personas en un asunto que se relaciona con el tráfico de influencias, el favoritismo político y, además, se piensa en denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción. Ambos partidos debieran reflexionar.En el fragor de estas informaciones, con bronco ruido político, hay que diferenciar la esencia de la circunstancia o el bien general del particular. Debe separarse la actuación correcta de la teñida de dudas o de melifluas razones que enmascaran aparentes, aunque concretas, corrupciones políticas. Sería frívolo pensar que es el sistema y no -cuando se demuestre, y si se demuestra- un concreto concejal el que atesora en su seno la maldad social de la corrupción, en este caso inmobiliaria. Si respetuoso hay que ser con las conductas individuales y mantener el principio de presunción de inocencia, también debe trasladarse este mismo sentimiento a Instituciones ayuntamientos, partidos o Gobierno regional. Una primera enseñanza de esta convulsa situación es que el planeamiento del territorio debe ser especialmente diseñado más allá de la belleza de unas edificaciones con un entorno paisajístico respetado. De ello, por propio interés, se ocupan los promotores. Pero es la Administración, el Gobierno regional el obligado a diseñar y ordenar de manera sostenible todo el conjunto de las actuaciones que de manera individual aprueban los Ayuntamientos. Debe pensarse de una manera integral: habitantes, viviendas y dotaciones, sobre todo dotaciones como las sanitarias, educativas, de infraestructuras, etc. de las que no pueden estar ausentes los promotores quienes por el crecimiento económico de nuestra Región, por el atractivo social y climático de la misma o por la aparente suerte de una recalificación colocan en el mercado cientos de viviendas. Sería absurdo que aplaudiéramos un futuro de ladrillo en nuestro territorio sin las garantías de calidad que proporcionan las dotaciones asistenciales.Mientras tanto, cada caso concreto, salpicado de motas de corrupción debe ser corregido en el propio partido político como criticado es en el adversario.