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2/19/2005

Urbanismo reclasificatorio

CARLOS FELIPE IRACHETA

Han transcurrido más de tres años de la entrada en vigor de nuestra pintoresca Ley regional del suelo, 1/2001 y según los últimos datos de la consejería de Obra s Públicas, Vivienda y Transporte, sólo tres municipios han adaptado su planeamiento urbanistico (Plan General de ordenación Urbana) a la mencionada Ley ‑Lorca, Abarán y Jumilla- que curiosamente son Ayuntamientos gobernados por socialistas. Pobre bagaje para una Región que en 1995 presumía de haber dotado a todos sus municipios de planeamiento urbanístico. Pero como la Ley ha sido modificada posteriormente en 2002 y 2004 resulta que ya no hay ningún municipio adaptado a la legalidad vigente lo que quiere decir más o menos que, a río revuelto, ganancia de pescadores, y vaya río y vaya pescadores.

La Comunidad murciana, gracias a nuestra peculiar Ley del suelo, a la inseguridad jurídica provocada sus sucesivas modi­ ficaciones, a la inexistencia de pla­ nificación territorial exceptuando las directrices de machaque del li­toral, a la falta de planeamiento ur banistico adaptado a las leyes y a las pintorescas disposiciones e interpretaciones que se hacen de ella, se ha convertido en el gran chollo del urbanismo especulativo de España como Marbella, pero a lo grande y el resultado lo evidencia: reclasificaciones y mas reclasificaciones, grandes y no tan grandes promotoras acuden a este panal de rica miel y todas de absoluta confianza, solvencia y honestidad, a juzgar por el trato que reciben de nuestras autoridades. Aquí, por no haber no hay ni tránsfugas, ni mafias ni especuladores ni lavado de dinero negro ni de traficantes, ni se compran voluntades, ni hay corrupción. Aquí lo que hay son iniciativas y emprendedores que sacan oro de los secarrales paramos y borde serranos y que venden viviendas y hoyos de golf a la velocidad del cohete. Aquí lo que hay son patadas para hacerse con la concejalía de Urbanismo.

Pero reclasificar no es tan sencillo como pueda parecer y no lo hace cualquiera, implica negociación con la autoridad competente (menos en el ayuntamiento de Murcia, donde al parecer es automática), disponer de medios económicos y de convicción, proteger el medio ambiente, tener infraestructuras y agua. Sobre todo agua, mucha agua, aguta a todo pasto y si no la hay, seguro la habrá.

En esta materia nuestros administradores son de muy diferente perfil, los hay que no se enteran, los hay que se enteran y los hay que vaya que si se enteran. Resulta que cada vez que se reclasifica un terreno, y ese mérito es exclusivo del reclasificador, o sea de la Ad­ministración, se le meten en el bolsillo al propietario del suelo o al especulador o conseguidor de turno millones de euros o miles de millones de pesetas por su cara bonita, cosa que nadie se cree. Al bueno del personal, que tiende a creerse todo lo que no le cuesta dinero, se le vende que a cambio se obtienen millones de metros de suelo forestal o protegido que no pisará en la vida y se le oculta que a la larga si tendrá que pagar por ello, directamente corno es el caso de la subida del recibo del agua un 23%, e indirectamente por medio de los impuestos, ya que mientras los beneficios inmediatos son para el propietario, las cargas derivadas de la ejecución de las grandes infraestructuras son para la administración, o lo que es lo mismo, sino para todos los ciudadanos.

La cuestión es que, en contra de lo que pudiera parecer, los Ayuntamientos cada vez son más pobres y se endeudan mas y la Comunidad no tiene un euro para las autovías necesarias, teniendo que acudir a sistemas de pago diferido como el peaje en sombra que es una forma de latrocinio inventado por grandes constructoras y bancos para desplumar a la Administración a medio y largo plazo.

Pero como hay que ser positivos, que diría Van Gaal, he aquí una idea que seguro que no se le ha ocurrido a los responsables de tanta recalificación. En vez de clasificar terrenos privados forestales o protegidos dándoles aprovechamiento urbanístico a cambio de su cesión, reclasifiquense terrenos públicos dándoles el mismo aprovechamiento urbanístico y así las plusvalias serán publicas. ¿O es que esto no sería negocio?

TRIBUNA LIBRE: La Opinión, 18 de noviembre de 2004